DESAFÍOS E INCERTIDUMBRES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA PLANIFICACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. UN ENFOQUE BRASILEÑO
CHALLENGES AND UNCERTAINTIES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ELECTRICAL PLANNING. A BRAZILIAN APPROACH
Vinicius Silva
Universidad de Sao Paulo. Brasil.
vinicius.oliveira.silva@usp.br
https://orcid.org/0000-0001-8894-2200
Stefania Relva
Universidad de Sao Paulo. Brasil.
stefania.relva@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-0261-9144
Miguel Udaeta
Universidad de Sao Paulo. Brasil.
udaeta@pea.usp.br
https://orcid.org/0000-0002-7323-3302
André Gimenes
Universidad de Sao Paulo. Brasil.
gimenes@pea.usp.br
https://orcid.org/0000-0001-7903-4139
Drielli Peyerl
Drielli Peyerl. Universidad de Sao Paulo. Brasil.
dpeyerl@usp.br
https://orcid.org/0000-0003-4466-1284
Recibido: 31/07/2020 y Aceptado: 05/11/2020
ENERLAC. Volumen V. Número 1. Junio, 2021 (50 - 75)
ISSN: 2602-8042 (impreso) / 2631-2522 (digital)
Foto de Agustin Diaz Gargiulo de Unsplash.
RESUMEN
Este trabajo evalúa la planificación energética desde la perspectiva de
la seguridad ambiental, con el objetivo principal de identificar las
principales incertidumbres y desafíos que deben enfrentarse al
planificar una matriz eléctrica que satisfaga las premisas de un
desarrollo sostenible y limpio. Para esto, se discute metodológicamente
el concepto de planificación energética, seguridad energética y
desarrollo limpio y sostenible, se presenta el paradigma actual del
desarrollo energético mundial y el proceso actual de planificación
eléctrica brasileña. Como resultado principal, se presentan las
principales incertidumbres relacionadas con la planificación energética
que apunta al desarrollo sostenible y se concluye que el
establecimiento de herramientas para sistematizar la información
ambiental e identificar la posición de los tomadores de decisiones es
esencial para la consolidación de la información necesaria para el
establecimiento de una planificación energética consistente y adaptable
dirigida al desarrollo sostenible.
Palabras clave: Energía Eléctrica, Electricidad, Planificación Energética, Desarrollo Sostenible, Seguridad Energética, Brasil.
ABSTRACT
This work assesses the energy planning from a perspective of
sustainable development, with the main objective being to identify the
main uncertainties and challenges to be faced in reaching an electric
offering planning that satisfies the assumptions of sustainable and
clean development. For this, the concepts of energy planning, energy
security and clean and sustainable development are discussed. The
current paradigm of global energy development and the current process
of Brazilian electric planning is also presented and analyzed. A result
we discuss the main uncertainties linked to an energy planning that
aims at the sustainable development. It is concluded that the
establishment of tools of systematization of environmental information
and of identification of stakeholder’s interests is essential for an
information gathering for the establishment of consist and suitable
energy planning aimed at sustainable development.
Keywords: Electric Power, Electricity, Energy Planning, Sustainable Development, Energy Security, Brazil.
INTRODUCCION
La compatibilidad de los aspectos ambientales con el desarrollo humano
se ha internacionalizado principalmente desde 1980 (Grimoni et al.,
2015). Luego, por los avances y la consolidación de la discusión sobre
el cambio climático, que se ha producido de manera efectiva en el siglo
XXI, incluso cambiando la perspectiva de la planificación energética
(PE), anteriormente centrada en el uso de fuentes como el petróleo y el
carbón (Romano, 2014). Actualmente, este cambio se centra en los
impactos de la generación de energía relacionados con la emisión de
gases de efecto invernadero (GEI), principalmente como resultado del
uso de combustibles fósiles.
En Brasil, el sector eléctrico brasileño ha sido considerado uno de los
más limpios del mundo debido al uso de plantas hidroeléctricas (Santos
et al., 2008). Sin embargo, el aumento en el uso de plantas
termoeléctricas (UTE) para la generación de energía alimentada por
combustibles fósiles, ha sido objeto de preguntas sobre las políticas
brasileñas adoptadas por el gobierno. Sin embargo, el establecimiento
de directrices para el desarrollo sostenible (DS) del sector de la
energía eléctrica no debe guiarse solo por el calentamiento global.
También es necesario discutir los impactos locales de cada fuente de
energía, así como los requisitos de seguridad energética del país. En
el caso específico de Brasil, la construcción y uso de plantas
hidroeléctricas ha causado numerosos impactos, principalmente locales,
a través de la amplia interferencia en ambientes terrestres, acuáticos
y antrópicos donde se insertan (Leturcq, 2016). Por otro lado, los
impactos de las UTE están directamente relacionados con la emisión de
contaminantes atmosféricos y GEI.
En las últimas décadas, los acuerdos internacionales han contribuido a
que los países desarrollados y en desarrollo adopten medidas
significativas relacionadas con el problema del cambio climático. Vale
la pena mencionar algunas acciones y acuerdos, tales como:
Intergovernmental Panel on Climate Chance (IPCC) 1988, que proporciona
al mundo información principalmente científica relacionada con el
riesgo del cambio climático; Protocolo de Kyoto 1997-2005 con el
intento de establecer Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) (Kanayama,
2007); y Acuerdo de París 2015 con el objetivo central de fortalecer la
respuesta global a la amenaza del cambio climático. Para lograr los
objetivos de los acuerdos internacionales y las metas establecidas por
el país para disminuir los GEI (United Nations, 2015). El sector
energético ha sido uno de los principales focos para adoptar
estrategias que contribuyan a la reducción de estas emisiones. Una de
las principales alternativas ha sido la sustitución de energías fósiles
por energías renovables. Sin embargo, en Brasil el escenario de mayor
demanda de energía eléctrica en las próximas décadas, acompañado de una
reducción en la construcción de centrales hidroeléctricas con grandes
embalses de regularización y un incremento en el uso de fuentes
renovables variables demandará un mayor uso de fuentes despachables,
como las térmicas, combustibles fósiles, lo que debería conducir a un
aumento de las emisiones del sector eléctrico brasileño, como viene
ocurriendo en los últimos años.
Según el contexto descrito anteriormente, el objetivo del trabajo es
identificar las principales incertidumbres y desafíos para una matriz
eléctrica que satisfaga las premisas de un desarrollo sostenible y
limpio. Con este fin, considerando los impactos globales y locales de
la PE que se adoptará, se analiza el contexto global de la transición y
la seguridad energéticas para analizar las posibles rutas de bajas
emisiones de la matriz eléctrica brasileña. Para este fin, el trabajo
se divide en seis secciones: Introducción; Discusión de los conceptos
de DS; Análisis de los conceptos de PE, seguridad energética y el
contexto internacional actual de transición energética; Presentación
del actual proceso brasileño de planificación energética;
Sistematización e identificación de las principales incertidumbres y
desafíos de la planificación electroenergética dirigida al desarrollo
sostenible; y Conclusión.
UN ANÁLISIS DE LAS INCERTIDUMBRES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO
El punto de referencia de la conceptualización de DS se produce en el
Informe Brundtland, que se entiende como “que satisface las necesidades
actuales, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades” (United Nations, 1987). Esta
definición amalgama las premisas de cualquier planificación dirigida al
DS. El concepto, sin embargo, se formó de manera genérica. Las
necesidades de las generaciones futuras son inciertas y difíciles de
medir dado el contexto de la evolución tecnológica y la mayor demanda
de energía para mantener y expandir el estilo de vida contemporáneo.
Además, con respecto a la capacidad actual para satisfacer las
necesidades de la sociedad contemporánea, que tiene la energía como un
insumo esencial para el mantenimiento del desarrollo, se enfatiza que
existe una gran demanda acumulada de energía, es decir, más de 1 billón
de personas sin acceso a la electricidad y alrededor de 3 billones que
usan biomasa para cocinar (IRENA, 2017).
En esta línea, la relación entre DS y el medio ambiente implicaría la
constancia del stock de capital natural o implicaría la no necesidad de
preservar el stock actual de recursos, ya que, a medida que ocurre el
desarrollo tecnológico, la composición básica del activo
correspondiente al desarrollo humano se altera (Udaeta, 1997). Esta
reflexión impregna las dos líneas principales de argumentación (no
entusiasta y entusiasta) de la PE, que apunta a un desarrollo limpio.
Si, por un lado, se cree que el cambio climático causará impactos
catastróficos en la vida humana y, por lo tanto, el cambio en el
paradigma del desarrollo es urgente, por otro lado, se argumenta que la
humanidad, a través del desarrollo tecnológico y su alto nivel de
adaptabilidad y resiliencia, encontrarán formas de mantener el
desarrollo, ya sea ante un nuevo clima o mediante acciones de
mitigación.
Sin embargo, el concepto de sostenibilidad no se refiere solo a la
emisión de GEI. Los análisis de DS son tradicionalmente el conjunto de
análisis de aspectos sociales, ambientales y económicos (Bellen, 2002;
Vera and Langlois, 2007). Si, por un lado, las necesidades de las
generaciones futuras pueden no satisfacerse debido a los cambios en el
clima, por otro lado, las necesidades de las generaciones presentes y
futuras pueden no satisfacerse debido a otros daños ambientales e
impactos sociales causados por el proceso actual de desarrollo.
El término desarrollo limpio se encuentra en la bibliografía
constantemente vinculada al MDL establecido por el protocolo de Kyoto.
El protocolo no establece un concepto para el término, sin embargo,
siempre está vinculado al desarrollo libre de emisiones o con emisiones
mínimas de GEI. Por lo tanto, en este trabajo, se establece que el
concepto de desarrollo limpio está vinculado a un desarrollo que no
causa daños catastróficos al planeta debido al cambio climático, sin
comprometer las necesidades de las generaciones presentes y futuras, es
decir, que al límite es sostenible.
Con respecto a la proporción catastrófica del cambio climático, varios
estudios discuten las incertidumbres con respecto a la métrica de la
interferencia antrópica peligrosa, que actualmente se establece como un
aumento de más de 2 °C en la temperatura global por encima de la
registrada en la revolución preindustrial en 2100 (IPCC, 2014). Hansen
et al. (2007) llaman la atención sobre la dificultad de definir qué es
peligroso y el poco esfuerzo de la comunidad científica para establecer
este patrón debido a la arbitrariedad de los factores que se definirán
para determinar las consecuencias del aumento de la temperatura en los
ecosistemas naturales, debido a la incertidumbre en la determinación
del forzamiento radiactivo en el período preindustrial y en la
correlación entre el aumento de la temperatura y la fusión de los
glaciares. Sin embargo, los autores concluyen que cualquier
estabilización de CO2eq por encima de 450 ppm en la atmósfera ya se
considera peligrosa y que esto significaría un aumento de 1 °C en la
temperatura global en relación con el nivel de revolución preindustrial.
La Tabla 1 presenta la relación entre la concentración de CO2eq en la
atmósfera, el aumento de temperatura a lo largo del siglo XXI y la
reducción necesaria de emisiones establecida por el IPCC (2014), en el
cual es posible verificar tres elementos principales y sus
incertidumbres: (i) el nivel de reducción de emisiones necesario para
alcanzar ciertos niveles de concentración de GEI en la atmósfera; (ii)
el nivel de reducción, lo que implicaría cambios drásticos en el
paradigma de desarrollo actual, tan dependiente de los combustibles
fósiles (Hansen et al., 2007; IPCC, 2014), (Fonseca, 2011; OECD/IEA
& IRENA, 2017); y (iii) la relación entre el aumento de la
temperatura y el nivel de concentración de GEI. Como las premisas
adoptadas por diferentes científicos del clima varían, los resultados
terminan con una amplia gama de incertidumbres. Además de las tres
limitaciones mencionadas anteriormente, las incertidumbres ya
mencionadas con respecto a la determinación de que el aumento de
temperatura significa una interferencia antrópica peligrosa.
Tabla 1. Relación entre la concentración de CO2eq en la atmósfera, el aumento de la temperatura y la mitigación de las emisiones
Fuente: IPCC, 2014
Dadas las incertidumbres de un
marco científico con tantas variables y peculiaridades, otro desafío es
la capacidad de interpretar esta información científica para la
sociedad en general (Hansen et al., 2007). Aunque las actividades de la
comunidad científica internacional, los acuerdos políticos, el
establecimiento de objetivos para la reducción de GEI y las
convenciones climáticas llevadas a cabo por las Naciones Unidas en las
últimas décadas, ciertamente promovieron el aumento de la conciencia de
la población sobre los problemas climáticos (Fonseca, 2011), medir la
percepción de la sociedad sobre los riesgos y peligros del cambio
climático sigue siendo un desafío.
Sobre este desafío Fonseca (2011) analiza dos elementos: diferencias
temporales y geográficas. Las diferencias temporales corresponden a la
dificultad de comprender que las emisiones generadas hace décadas
tienen un efecto sobre el comportamiento climático actual y que la
continuación de los niveles actuales de emisiones puede generar
impactos catastróficos a finales de siglo, lo que resulta en un
aplazamiento sucesivo en la adopción de medidas preventivas. En
relación con las diferencias geográficas, se invoca el concepto de la
tragedia de los bienes comunes (Elinor Ostrom et al., 2002; Fonseca,
2011), cuando el bien es común, y la forma de preservarlo es
privatizarlo o establecer objetivos para usos que todos deben obedecer.
Si ninguna de estas acciones se toma, la perspectiva es que cada
individuo o nación usará su parte de ese recurso lo más rápido posible
ya que, si no lo hace, otros lo harán.
En este sentido, se discute mucho sobre la responsabilidad de los
países desarrollados y en desarrollo en la reducción de las emisiones
de GEI. Los países desarrollados fueron y son los principales
responsables de la emisión de GEI causantes del cambio climático; y la
mayoría de los países en desarrollo son los más vulnerables a los
impactos generados por estos cambios, ya sea debido a su posición
geográfica o la menor capacidad financiera para adoptar medidas de
adaptación (IPCC, 2014), (Fonseca, 2011; OECD/ IEA, 2015). Los países
subdesarrollados, además de no haber sido los principales emisores de
GEI per cápita en el pasado, se encuentran en una condición de demanda
de energía.
Este contexto de la dicotomía entre promover el acceso a la energía
necesaria para el desarrollo y la reducción de las emisiones de GEI
conduce a la discusión actual sobre la disonancia entre la seguridad
energética y la seguridad climática. Este tema ha sido ampliamente
discutido por entidades gubernamentales e intergubernamentales (IRENA,
2017; OECD/IEA, 2015; OECD/ IEA and IRENA, 2017) y la academia
(Bazilian et al., 2011; Fonseca, 2011; Frei, 2004; Narula, 2014;
Romano, 2014; Stram, 2016). El tema de la seguridad energética versus
la seguridad ambiental es tan complejo y plural en los elementos de
discusión que, para analizar cómo la PE y específicamente la
electricidad encajan en este tema, es necesario recurrir a los
conceptos y definiciones de seguridad energética y planificación y
comprender cómo estos conceptos abarcan o no la seguridad climática.
PLANIFICACIÓN Y SEGURIDAD ENERGÉTICAS: LAS DIFICULTADES QUE ENFRENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Planificación energética
El concepto de planificación implica la percepción e identificación de
las posibilidades del futuro y la convicción de que a través de la
planificación es posible anticipar ese futuro, utilizando los recursos
más variados para lograr los objetivos establecidos (Udaeta, 1997). La
planificación se puede sistematizar en tres etapas principales: (i)
establecimiento de objetivos y metas, a través de la planificación
estratégica; (ii) diagnóstico de la situación pasada y actual mediante
la sistematización de la mayor cantidad de datos posible, a fin de
examinar el problema en todos sus aspectos, a través de la
planificación táctica; y (iii) establecer políticas o planes que
determinen qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo para lograr los
objetivos (Cima, 2006; Udaeta, 1997).
Dado el largo tiempo de implantación de la infraestructura de la cadena
del sector energético, es necesario e inevitable que la planificación
estratégica se lleve a cabo a largo plazo, con adaptaciones periódicas
de las proyecciones adoptadas a corto y mediano plazo. En este sentido,
la alteración de un sistema energético o una transición energética se
convierte en el trabajo de décadas, dada la inflexibilidad de las
infraestructuras construidas durante el desarrollo del sector y, dada
la importancia de la energía y el mantenimiento de su suministro para
el desarrollo de toda la sociedad (Fonseca, 2011).
Por lo tanto, en términos generales, el objetivo de la PE es asegurar
la seguridad energética. Teniendo en cuenta el objetivo de este
estudio, que es identificar las incertidumbres y desafíos de la
planificación electroenergética que apunta a un desarrollo limpio y
sostenible, el concepto de seguridad energética y su relación con el
cambio climático es necesario incluso con toda su complejidad.
Seguridad energética
La seguridad energética no tiene una sola definición. Los conceptos
varían según la realidad de los Estados y la escala de tiempo utilizada
(Bazilian et al., 2011; Fonseca, 2011). Además, el concepto debe
analizarse en varios niveles, desde el global para garantizar la
adecuación de los recursos, hasta el regional para garantizar que el
país garantice su seguridad nacional de suministro y satisfaga las
demandas de los consumidores. Laponche (2001) analiza el concepto como:
(...) garantizar, para el bien público y para el funcionamiento
eficiente de la economía, la disponibilidad física ininterrumpida de
energía en el mercado a precios competitivos para todos los
consumidores, en el marco del objetivo de desarrollo sostenible
previsto en el Tratado de Ámsterdam de 1997. El Centro de Investigación
de Energía de Asia Pacífico entiende la seguridad energética basada en
cuatro elementos: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad,
asequibilidad (financieramente viable) y define que estos cuatro
elementos incluyen tres aspectos de la seguridad energética: (i) los
aspectos físicos , definido por la disponibilidad y accesibilidad de
los recursos energéticos; (ii) los aspectos económicos, definidos por
la viabilidad financiera de adquirir la energía; y (iii) aspectos
sostenibles, vinculados a la aceptabilidad de las fuentes de energía a
utilizar (APERC, 2007).
Para Yergin (1988), el objetivo de la seguridad energética es
garantizar adecuadamente el suministro regular de energía a precios
razonables y de manera que no comprometan los objetivos nacionales. De
acuerdo con Khatib (2007), su definición puede entenderse como la
disponibilidad de recursos locales e importados, que deben satisfacer
la creciente demanda de energía a lo largo del tiempo y a precios
razonables.
Khatib (2007) también argumenta que la seguridad energética puede
garantizarse mediante la adaptación local, las abundantes y variadas
formas locales de recursos energéticos. Sin embargo, para los países
con deficiencia de recursos energéticos, la seguridad energética se
puede lograr mediante: (i) la capacidad del Estado o los agentes del
mercado para utilizar fuentes y productos energéticos externos, que
pueden importarse libremente a través de puertos y otros modos de
transporte, como las interconexiones transfronterizas de petróleo, gas
y líneas de transmisión; (ii) la adecuación nacional o regional, a sus
reservas estratégicas para abastecer eventuales interrupciones, escasez
o un aumento impredecible de la demanda; (iii) el desarrollo y uso de
recursos tecnológicos y financieros y conocimiento para desarrollar
fuentes de energía renovable y energía local creando alternativas para
satisfacer parte de las demandas locales; (iv) la diversificación de
las fuentes de importación y los tipos de combustible; y (v) atención
adecuada al cambio climático.
Narula et al. (2017) determinan que el sistema de energía física de un
país se puede dividir en tres subsistemas: suministro de energía,
conversión y distribución de energía y demanda de energía. Como la
seguridad energética se usa a menudo como sinónimo de seguridad del
suministro de energía, esta percepción refuerza la importancia de la
solidez del subsistema de suministro de energía. Para abordar todos los
aspectos relacionados con la seguridad energética y no solo los
relacionados con el suministro de energía o el acceso a los recursos
energéticos, Vivoda (2010) estableció once dimensiones de análisis, que
se consolidaron en ocho grupos, ver Tabla 2. Sovacool (2011),
reanudando el trabajo de Vivoda (2010), estableció 20 dimensiones de
análisis de seguridad energética que suman 200 atributos. La categoría
definida como resiliencia determina varios elementos vinculados al
funcionamiento de los sistemas eléctricos que, en el límite, pueden
resumirse en la robustez necesaria de las infraestructuras eléctricas
para el mantenimiento del suministro en caso de interrupción causada
por cualquier externalidad. En ese sentido, Helm (2002) indica que los
principales elementos de seguridad de suministro en el sector eléctrico
son: (i) seguridad de suministro y contratos; (ii) seguridad y
capacidad marginal satisfactoria de las redes de transmisión y
distribución de electricidad y combustible para impulsar las plantas
termoeléctricas; (iii) diversidad satisfactoria de recursos.
Metodologías complejas de indicadores asimilan varios aspectos que
también corresponden al análisis de la sostenibilidad de los sistemas
energéticos. Se percibe la inclusión de elementos de sostenibilidad en
los conceptos de seguridad energética. Narula (2014) presenta el
concepto de seguridad energética sostenible como la provisión de
servicios energéticos ininterrumpidos a corto y largo plazo de manera
accesible, equitativa, eficiente y ambientalmente benigna. La
dificultad de aplicar este concepto está en la cuestión del análisis
ambiental positivo. La necesidad de energía crea presiones sobre el
medio ambiente. Por lo tanto, la decisión de impactos menos intensos,
de los cuales el medio ambiente y el ser humano pueden ser más
resistentes debe ser parte de la planificación energética.
En general, los enfoques para definir la seguridad energética, aunque a
menudo se centran en el acceso a los recursos, impregnan diferentes
áreas del conocimiento. Månsson et al. (2014) categorizaron las
metodologías de análisis de seguridad energética en cinco áreas de
conocimiento: economía, ingeniería, ciencias políticas, estudios
multidisciplinarios de sistemas y ciencias naturales. Los autores
destacaron las fortalezas y debilidades de estas categorías de modelos.
Las debilidades analizadas están vinculadas a: las capacidades de los
modelos para identificar riesgos, incertidumbres y especificidades
vinculadas al análisis de seguridad; la complejidad de recopilar y
sistematizar datos e información y el gran sesgo de los análisis de
modo que, mientras que los modelos microeconómicos ignoran los efectos
macroeconómicos, los modelos de teoría financiera subestiman los
efectos a largo plazo, los modelos de ciencias naturales subestiman los
aspectos técnicos, los modelos económicos y los modelos de ciencias
políticas pueden generar resultados incorrectos si los estados tienen
intereses diferentes o los actores no pueden calcular las consecuencias
de sus acciones.
Tabla 2. Consolidación de dimensiones vinculadas a la evaluación de la seguridad energética
Fuente: Elaboración propia
Dificultades ante el cambio climático
Como se puede observar en la Tabla 2, el concepto de seguridad
energética varía según el contexto de análisis. Los consumidores y las
industrias intensivas en energía se preocupan principalmente por las
interrupciones en el suministro y las bajas tarifas. Para los países
productores y exportadores de petróleo y gas natural, la atención se
centra en la seguridad de los ingresos y las relaciones comerciales.
Los países en desarrollo están preocupados por la viabilidad económica
del acceso a los recursos energéticos; mientras que los actores
políticos se centran en la seguridad de la infraestructura energética y
los riesgos de interrumpir el suministro de energía (Fonseca, 2011).
Por tanto, el análisis de las posibilidades de alterar la PE debido al
cambio climático requiere el análisis de diferentes posibilidades de
transición basadas en las decisiones estratégicas de diferentes agentes
y Estados (Bicalho, 2014) y en la percepción sobre seguridad
energética.
Analizando el cambio climático desde la perspectiva de la tragedia de
los bienes comunes y considerando la pluralidad de elementos
verificados en los conceptos de seguridad energética, es necesario
analizar el contexto geopolítico, político y macroeconómico de los
países desarrollados y en desarrollo y los procesos actuales de
transición energética a gran escala (Smil, 2010).
EE.UU., por ejemplo, ha aumentado la proporción de gas natural y gases
no convencionales en la matriz energética (Bicalho, 2014; Romano,
2014), utilizando estos recursos como un sustituto del carbón mineral,
que a su vez ahora se ofrece al mercado internacional en grandes
cantidades (Romano, 2014). El aspecto principal de la seguridad
energética en los EE.UU. que se ha estado desarrollando, es la
autosuficiencia en recursos energéticos (Fonseca, 2011). China ha
aumentado la proporción de energías renovables y ha estado buscando
proyectos inter-nacionales para explorar los recursos fósiles y la
infraestructura energética con un enfoque en el fortalecimiento de la
seguridad energética nacional (Bicalho, 2014; Relva et al., 2015).
India aún enfrenta el desafío del acceso a la electricidad para
aproximadamente una quinta parte de la población, por lo tanto,
renunciar a los combustibles fósiles es un desafío, en un momento en
que ni siquiera se obtienen las necesidades mínimas de acceso a la
energía (Bicalho, 2014).
Japón, con la energía nuclear como una de las principales fuentes para
su seguridad energética, tuvo que reestructurar su planificación
energética debido al accidente de Fukushima (Bicalho, 2014), renunciar
al uso de energía nuclear y expandir la generación termoeléctrica
utilizando gas natural, importando a través de gas natural licuado (BP,
2018; IEA, 2019). El accidente fue incluso un hito en la política
energética internacional, lo que resultó en el desuso de esta fuente
que se consideraba una de las tecnologías más bajas en carbono
(Laponche, 2001; Romano, 2014).
Alemania a su vez estableció el concepto de Energiewende que se
relaciona con la transición radical de la matriz energética en
detrimento del cambio climático (Bicalho, 2014; Romano, 2014). El
proceso de transición energética de Alemania hacia el uso de energías
renovables fue fuertemente apoyado por la población (Bicalho, 2014),
sin embargo, recibió críticas de la industria nacional que argumenta
que las energías alternativas no serían confiables para el suministro
de la industria y que esta política haría que la industria alemana
fuera menos competitiva (Fonseca, 2011; Romano, 2014).
La cuestión de la competitividad económica frente al cambio climático tiene una dinámica compleja
Romano (2014) evaluó los desafíos de establecer una política baja en
carbono frente a la crisis económica de 2008 en la Unión Europea (UE).
Basado en la premisa de que el uso de fuentes renovables y el proceso
de transición energética hacen que los costos de energía sean más
caros, dada la necesidad de nuevas tecnologías y sistemas logísticos,
estableciendo cinco desafíos: (i) con la presión generada en los
presupuestos nacionales, la tendencia es que los países centran sus
esfuerzos en resolver los problemas económicos y necesidades domésticas
más apremiantes; (ii) aunque la planificación a mediano y largo plazo
tiene sentido, requiere una inversión que no es viable a corto plazo,
esto genera un aumento en la factibilidad de aplicar los objetivos
definidos por la UE, disminuyendo la credibilidad de las instituciones;
(iii) la crisis abre espacio para la crítica de las políticas bajas en
carbono debido a la premisa de precios más altos y debido al efecto de
la fuga de carbono fuga de carbono; (iv) los precios del mercado del
carbono se desplomaron, interrumpiendo los esfuerzos para invertir en
eficiencia energética; (v) con la desaceleración de la economía, las
tasas de emisión de GEI disminuyen, esto genera incertidumbres y
percepciones erróneas de que el problema de las emisiones de GEI está
bajo control o que la reducción de emisiones se debe únicamente a la
disminución de la producción y que las políticas y medidas adoptadas no
tuvieron efecto.
Los problemas económicos internos y la seguridad del suministro de
energía se han defendido históricamente en relación con las políticas y
los planes adoptados a largo plazo y no solo en la UE. Las grandes
diferencias entre los objetivos establecidos y los realmente logrados
reducen la credibilidad de las instituciones y los planes realizados.
La creciente importancia del carbón mineral en el sistema energético de
los países con gran incremento de la demanda energética, como China e
India, así como las inversiones en el desarrollo de recursos fósiles no
convencionales, son un buen reflejo de la valorización de las
prioridades de seguridad energética contra objetivos de seguridad
climática (Fonseca, 2011).
Frei (2004), estableció una pirámide de prioridades para las políticas
energéticas basadas en la historia de la evolución energética, en la
que versa que naciones que aún tienen acceso a la energía comercial
como un desafío, no priorizarán la reducción de las emisiones de GEI.
El acceso a la energía comercial no es solo el acceso a los recursos
energéticos, sino también su capacidad de eliminación. Si el sistema
eléctrico depende de generaciones de diferentes recursos, el sistema de
transmisión / distribución es parte del criterio para el acceso a la
energía comercial. En esta lógica, los problemas de acceso a la
energía, seguridad energética, bajos costos, seguridad ambiental y
aceptación social no son elementos de consideración y negociación, sino
de estructuración jerárquica, de modo que solo es posible satisfacer
las necesidades más altas de la pirámide, si las necesidades de la base
ya están satisfechas.
Basado en este concepto Fonseca (2011) estableció una estructura
jerárquica que contiene cuatro niveles definidos como necesarios para
la seguridad energética: disponibilidad de recursos energéticos;
accesibilidad física a los recursos energéticos; accesibilidad
económica a los recursos energéticos; y sostenibilidad ambiental, que
debe ser jerarquizada. El sistema energético basado en combustibles
fósiles está formado por una infraestructura de transporte inflexible,
que se ha desarrollado durante casi dos siglos y ha demostrado ser
eficaz en comparación con fuentes intermitentes que no tienen capacidad
de almacenamiento, como el gas natural y carbón (Fonseca, 2011).
Las formas de promover estas características en un sector energético
con una nueva base de recursos incluyen factores tales como: aumentar
la previsibilidad de las fuentes intermitentes; invertir en tecnologías
robustas para los sistemas de transmisión y transporte de energía;
invertir en el desarrollo de combustibles como el hidrógeno; e invertir
en tecnologías como plantas hidroeléctricas reversibles y
almacenamiento de energía eléctrica (Bicalho, 2014). El gas natural se
presenta como un importante combustible de transición energética,
reduciendo las tasas de emisión de GEI en relación con el petróleo o el
carbón y garantizando el envío necesario a los sistemas eléctricos y el
almacenamiento a los sistemas de energía (Bicalho, 2014; Fonseca, 2011;
Relva et al., 2015).
Por lo tanto, hay una serie de incertidumbres vinculadas a la PE e
incertidumbres aún mayores cuando se pretende definir el peso de la
seguridad climática en esta planificación. En este sentido y en el
sentido de llevar la PE al DS por un método holístico, se destaca el
concepto de planificación integrada de recursos (PIR).
La PIR es una herramienta que coloca las opciones del lado de la oferta
y del lado de la demanda juntas en el mismo nivel de condiciones y
expectativas. Y de esta manera comienza a elegir el mejor paquete de
opciones, de modo que permita la opción de costo mínimo con: la mejora
en la protección del medio ambiente; conservación en su sentido más
amplio; y mejoras en el transporte y la ubicación (Udaeta, 1997). Los
principios y herramientas de PIR se convierten así en la construcción
de escenarios alternativos, análisis multicriterio, participación de la
comunidad en la planificación decisión e implementación del proceso
(Bazilian et al., 2011), (Pereira et al., 2005).
Asumiendo que en toda planificación, los riesgos e incertidumbres son
intrínsecos (Pereira et al., 2005; Udaeta, 1997), el concepto PIR
abarca el análisis de los principales aspectos discutidos sobre el
problema “seguridad energética versus seguridad climática”, ya que
explica las incertidumbres, así como las compensaciones entre múltiples
objetivos, a través del análisis multicriterio y las diferentes
posiciones de las partes interesadas, con su participación en la
construcción de análisis multicriterio (Bazilian et al., 2011). Sin
embargo, el PIR como herramienta y concepto holístico, también requiere
y produce la sistematización de numerosos factores e información. Por
lo tanto, los mayores desafíos de su aplicación, en términos del PE de
una nación, además del deseo político e institucional de aplicarlo, se
pueden resumir en (Pereira et al., 2005): (i) dificultad para obtener
datos e indicadores relacionados con la demanda, dada la cultura de
planificación siempre vinculada a la expansión de la oferta; (ii)
resistencia de ciertas partes interesadas, como los concesionarios, en
la inclusión de la gestión del lado de la demanda (GLD) en la
planificación, debido a intereses económicos vinculados a la venta de
energía; (iii) falta de conocimiento por parte de los interesados sobre
ciertas nuevas tecnologías, lo que puede llevar a que no se recomienden
debido a la falta de conocimiento de la viabilidad técnica y económica;
(iv) dificultad para invertir en programas de eficiencia energética;
(v) dificultad para incorporar, en la metodología, tecnologías tales
como redes inteligentes; y (vi) dificultad para evaluar los impactos
sinérgicos y potenciales en el caso de elegir utilizar dos opciones de
energía diferentes y geográficamente cercanas.
Por lo tanto, al considerar la participación efectiva de las partes
interesadas y GLD en la planificación, la disponibilidad de información
sobre los aspectos ambientales de las soluciones energéticas y los
aspectos de seguridad energética es de suma importancia. Mientras no
haya un entendimiento claro y un acuerdo sobre el nivel apropiado de
seguridad de suministro, los grupos de presión que pueden ser
cuestionados por necesidades de orden superior utilizarán la táctica
del miedo. En otras palabras, insistirán en que el nivel de seguridad
del suministro existente es inadecuado, lo que empeorará el enfoque en
cuestiones de oferta / demandas puras, lejos de las necesidades más
altas. Una buena comprensión pública de un nivel adecuado de seguridad
de suministro debe ser, al menos para los países desarrollados, la base
sobre la cual se construye la política energética (Frei, 2004).
Planificación energética brasileña
El proceso de planificación eléctrica brasileña debe entenderse en dos
grandes bloques de planificación: (i) la planificación de expansión del
sistema y (ii) la planificación de la operación. Esta definición es
importante dadas las perspectivas temporales que relacionan estos dos
enfoques. La Figura 1 presenta una imagen esquemática de la
planificación del sector eléctrico brasileño.
Una de las funciones de la Empresa de Pesquisa Energética (EPE),
subordinada al Ministerio de Minas y Energía (MME), es preparar
estudios de planificación de expansión (EPE, 2012). El Plano Nacional
de Energia (PNE) lo considera como una planificación integrada de
recursos, aunque las políticas de gestión en el lado de la demanda no
son muy claras, y define los escenarios de demanda y la expansión de la
oferta necesaria para suministrarla durante un período de 30 años. El
primer PNE, llamado PNE 2030, se lanzó en 2007 y el PNE 2050 está en
desarrollo con disponibilidad pública de documentos y notas técnicas
vinculadas a suposiciones, pautas y escenarios a largo plazo desde 2018
(EPE, 2018r, 2018n, 2018p, 2018s, 2018c, 2018l, 2018u, 2018d, 2018j,
2018f, 2018h, 2018g, 2018o, 2018q, 2018b, 2018a, 2018i, 2018e, 2018t,
2018m). Sin embargo, el documento final aún no está disponible.
El Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) comenzó a publicarse en
2006 con revisiones anuales (la única excepción fue el año 2016, en el
que no se publicó el documento) en la que presenta la indicación y no
la determinación de las perspectivas de expansión futura del sector
energético desde la perspectiva del gobierno en el horizonte de diez
años (Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético (SPDE),
2020).
El Plano de Expansão de Longo Prazo (PELP) de la transmisión y el
Programa de Expansão da Transmissão (PET) no han seguido un criterio
temporal. El primero (PET) se publicó en 2006 con un horizonte de 5
años; el primer PELP se publicó en 2012 con un horizonte a partir del
sexto año; en 2013 el horizonte PET se cambió a 6 años; la periodicidad
de la revisión de los dos estudios es ahora de 6 meses y desde 2015 la
EPE ha publicado ambos estudios en el mismo documento; la última
publicación fue en 2018. PET/PELP son informes de gestión que contienen
todos los trabajos para la expansión del Sistema Interconectado
Nacional (SIN), definidos en base a estudios de planificación de EPE, y
aún no ofertados o autorizados (EPE, 2018k).
Figura 1. Imagen esquemática de la planificación de expansión y operación del sistema eléctrico brasileño
Fuente: Elaboración propia
El conjunto de información del
PET y el Plano de Ampliação e Reforços (PAR) de la red básica del
Sistema Interligado Nacional (SIN) - producido por Operador Nacional do
Sistema Elétrico (ONS) en un horizonte de dos años hasta 2017 y pasando
a un horizonte de cinco años a partir de 2018 - da lugar a la
Consolidação de Obras de Transmissão de Energia Elétrica (POTEE),
responsabilidad de MME (ANEEL, 2017). La POTEE subvenciona el proceso
de concesión de obras de transmisión realizado por ANEEL, aunque la
planificación de la expansión de la transmisión tiene un aspecto de
denominación a largo plazo, se estableció en el esquema de la Figura 1
como planificación a mediano plazo basada en las perspectivas
temporales de la planificación de expansión en Brasil.
Es importante tener en cuenta que, dadas las dimensiones continentales
del país y debido a la gran integración eléctrica promovida por el SIN
y la complejidad de las obras hidroeléctricas (HPP) y la gestión de sus
embalses, el sistema eléctrico brasileño fue generado por una
configuración única que, desde 2004, ha definido la expansión de la
generación mediante mecanismos de subasta. Las nuevas subastas de
energía se definen con cinco años de anticipación para las nuevas HPP
(A-5), tres años de anticipación para las nuevas plantas
termoeléctricas o eólicas y solares (A-3) y un año de anticipación para
la contratación de energía. Ya existente (A-1 o A-2) o menos que eso en
el caso de subastas de ajuste. En 2017, 2018 y 2019, también se
realizaron subastas (A-6) para nueva energía de fuentes
hidroeléctricas, termoeléctricas y eólicas. En 2019, se realizó la
primera subasta del sistema aislado, para la adquisición de energía y
potencia para servir al mercado de consumo en el Estado de Roraima, el
único estado brasileño que no está conectado al SIN (CCEE, 2020).
Cabe destacar que las subastas están sistematizadas por EPE, promovidas
por MME y coordinadas por ANEEL. La celebración de subastas se define
por la situación momentánea en el sector y las fuentes que participan
en cada subasta dependen de la política energética establecida,
pudiendo participar en subastas de cualquier naturaleza (EPE, 2012).
Por otro lado, en línea con la estrategia de desarrollo del gobierno a
partir de fuentes renovables y con un bajo nivel de emisiones de GEI,
se puede evitar que ciertos tipos de fuentes de combustibles fósiles
participen en algunas subastas, como el caso de centrales eléctricas de
carbón y fuel oil o diésel.
Las subastas no se han llevado a cabo con periodicidad estandarizada y
los criterios para incluir o no las fuentes de energía no están claros
(Relva et al., 2015). En muchas de las subastas realizadas, aunque
disponibles, las plantas térmicas de gas natural no tuvieron éxito en
la contratación. Esto se atribuye a las dificultades de suministro
causadas por la falta de consolidación regulatoria en el sector del
gas, problemas de logística e infraestructura (Colomer Ferraro and
Hallack, 2012; Relva et al., 2015), (Relva et al., 2020) y cuestiones
económicas de la transición (Neto and Shima, 2015).
La planificación preparada por EPE es indicativa y no determinante, con
la excepción de PET, por lo tanto, actualmente existe una gran
discrepancia entre la planificación indicativa y la real. En los
últimos años, ha habido una alta penetración de fuentes renovables e
intermitentes en la matriz eléctrica, lo que ha generado preocupaciones
sobre la calidad de la energía y la seguridad del suministro de energía
por parte de ONS, que en su último Plan de Operación Energética (PEN)
destaca la necesidad de mejorar la eficiencia energética, subastas de
nuevas energías considerando: (i) la compatibilidad de los términos de
las obras de generación y transmisión; y (ii) la valoración de los
atributos de cada tipo de generación, tales como seguridad de
suministro, capacidad de envío, flexibilidad, complementariedad, bajo
impacto ambiental, bajas emisiones de GEI y renovabilidad (ONS, 2020).
En términos de operación, todos los planes realizados son
responsabilidad de ONS. El PEN tiene un horizonte de 5 años y se revisa
anualmente. La primera publicación es 2000 y la última de 2019. El
Plano da Operação Elétrica (PEL) tiene un horizonte de 1 año y se
publica anualmente desde 2009, con la última publicación en 2018. El
Programa Mensal da Operação (PMO) se lleva a cabo mensualmente y
discretizado en etapas semanales y por nivel de carga, lo que resulta
en los Informes Ejecutivos semanales de la PMO publicados desde 2011.
La PMO también está vinculada a las pautas para la operación eléctrica
mensual que se publica mensualmente desde 2015 y que considera eventos
específicos, como: retraso en obras planificadas para el mes, nuevas
infraestructuras en el sistema, vacaciones (carnaval, navidad, año
nuevo) y eventos específicos (copa mundial y olimpiadas).
Si bien existe una gran coherencia en la periodicidad de publicación de
los planes de operación, no ocurre lo mismo con el PET. EPE indica que
el horizonte de PET se cambió a 6 años para acelerar el proceso de
licitación para los trabajos de transmisión y mitigar posibles demoras
en la implementación de las expansiones. En la planificación de la
transmisión, se observa una dificultad para sincronizar la expansión de
la transmisión con la de la generación debido a la coyuntura de los
nuevos potenciales que se están explorando (EPE, 2018k).
Cuestiones sociales y ambientales del Plan Nacional de Energía
El proceso de elaboración del PNE 2050 sigue la misma metodología
adoptada para el PNE 2030. Los estudios se dividen en cuatro bloques:
macroeconómico, demanda, oferta, consolidación / estudios finales.
Entre los modelos utilizados para preparar el estudio se encuentra el
Modelo de Planejamento da Expansão do Sistema Elétrico (PLANEL),
desarrollado por EPE y utilizado para definir soluciones para expandir
el suministro de energía considerando los costos (generación,
transmisión y combustibles) y restricciones operativas y ambiental.
Para el PNE 2030, el modelo utilizado para este propósito fue el Modelo
de Expansão de Longo Prazo (MELP), desarrollado por el Centro de
Pesquisa de Energia Elétrica (CEPEL). El modelo, según PNE 2030 (EPE,
2007), determina la solución de expansión óptima considerando los
costos de generación y expansión de las interconexiones del subsistema.
El documento no menciona restricciones socioambientales. Para el PNE
2050, el Modelo de Estimativa de Parâmetros Demográficos (MEDEM)
también se utiliza para construir el escenario demográfico,
desarrollado por EPE y el Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) y el Modelo de Projeção da Demanda Residencial de
Energia (MSR), un modelo ascendente desarrollado por COPPE / UFRJ y
mejorado por EPE.
La elaboración del PNE 2050 pasó por dos momentos, inicialmente se
utilizó el término de referencia para su formulación, en la que se
plantea como factores invariables a considerar en la planificación:
institución de mecanismos de gestión ambiental; condicionando las
inversiones en proyectos a procesos más largos y rigurosos de
evaluación, licenciamiento y monitoreo ambiental, con un impacto en los
costos y cronogramas; cambio climático y sus impactos en el suministro
de energía, estableciendo objetivos y costos para las emisiones de GEI;
creciente participación de las energías renovables en la generación de
electricidad; erradicación del hambre y la miseria, entre otros.
Todavía señala incertidumbres críticas como la expansión de la base de
consumo debido a la reducción de la desigualdad; cambio climático y
tecnologías asociadas; inserción de tecnologías bajas en carbono. En
cuanto a los escenarios de suministro de energía eléctrica, el término
de referencia define la simulación de escenarios de evolución del
suministro considerando las condiciones técnico-económicas y
socioambientales. Con respecto a los problemas socioambientales, el
único aspecto destacado que debe considerarse en las simulaciones son
las restricciones de emisiones de GEI para el sector eléctrico. El
documento señala que deben discutirse otros aspectos de este tema,
tales como: costo de CSC, compensación y mitigación de emisiones,
mecanismos de desarrollo limpio (MDL).
En el segundo paso, con miras a la preparación de los estudios PNE
2050, reestructura los subsidios para la preparación del estudio,
presentando un nuevo marco que contiene un conjunto de información
sobre políticas públicas, supuestos y estudios prospectivos y planes de
expansión energética disponibles a mediano y largo plazo en los órganos
de administración, directa e indirectamente, del gobierno federal y sus
entidades, así como aquellos puestos a disposición por instituciones
reconocidas a nivel nacional e internacional en los horizontes a
mediano y largo plazo, publicados hasta finales de 2017. En resumen,
este marco considera: premisas, restricciones y estudios prospectivos
de escenarios nacionales y globales para la planificación a largo
plazo; supuestos y estudios prospectivos sobre precios de la energía y
fuentes de energía; estudios prospectivos y de políticas públicas, que
tienen una interfaz con el tema de planificación energética a mediano y
largo plazo, que cubre temas de transporte y movilidad, desarrollo
económico sectorial, seguridad energética, ciudades y saneamiento,
suministro y disponibilidad de recursos hídricos, cambio climático,
medio ambiente, entre otros. Ampliar la gama de partes interesadas y
participar en el proceso de planificación a largo plazo del sector
energético brasileño y destacar la importancia de su inserción en el
contexto de las políticas públicas y la necesidad de coordinar con
otros programas y políticas gubernamentales en sus diversos esferas
(EPE, 2018n).
PNE 2030 considera los problemas socio-ambientales como una variable
relevante en la decisión de formular estrategias para expandir el
suministro de electricidad, sin embargo, no hay detalles en el plan
sobre cómo se cuantificaron estos problemas y cómo contribuyeron al
proceso de toma de decisiones. El plan también menciona que los
indicadores de sostenibilidad fueron definidos en base al trabajo
producido en 1994 por el Comitê Coordenador das Atividades de Meio
Ambiente do Setor Elétrico (COMASE). Los indicadores de sostenibilidad
se clasificaron en tres temas principales: atmósfera (cambio climático
y calidad del aire); agua (calidad del agua, afectada principalmente
por la descarga de contaminantes de las actividades mineras) y suelo
(cantidad de demanda de área, descarga de contaminantes, degradación y
acidificación). El plan también destaca: (i) la incorporación, en el
costo de las plantas termoeléctricas, de tecnologías de control
ambiental debido a las emisiones de óxidos de azufre (SOx) y nitrógeno
(NOx); (ii) las actividades de análisis ambiental integrado llevadas a
cabo por EPE dentro del alcance de las cuencas hidrográficas y (iii) el
uso de una base de datos adaptada del Sistema de Información de
Potencial Hidroeléctrico (SIPOT) de ELETROBRAS (EPE, 2007).
Consideración de cuestiones socioambientales en el Plan Decenal de Energía
Con respecto a la planificación de la expansión a mediano plazo, PDE
2026 presenta una sección que se refiere a EIA, que se lleva a cabo en
tres etapas: 1) análisis espacial de la expansión, 2) temas
socioambientales y 3) temas prioritarios de gestión ambiental. El
análisis espacial, según el documento, “señala posibles efectos
acumulativos, sinergias y conflictos a escala regional, como resultado
de la presión sobre el mismo recurso, en entornos frágiles o, aún, en
conflictos con las poblaciones. Por otro lado, el mapeo permite
visualizar una posible complementariedad entre las fuentes,
contribuyendo al uso eficiente de la expansión (...) “ (EPE, 2017b). En
el PDE se abordan diez temas socioambientales y se prepara un análisis
de las emisiones de GEI. El documento también incluye un mapa y una
matriz que resume los resultados de este análisis ambiental integrado,
sin embargo, no hay evidencia en el documento de cuantificar los
impactos, tanto de los aislamientos como de los acumulativos, y cómo
esta información contribuyó a la toma de decisiones.
El documento establece que la variable ambiental se considera desde las
etapas iniciales del proceso de planificación, siendo: (i) los estudios
iniciales de líneas de transmisión que evitan el rastreo en áreas
sensibles desde el punto de vista socioambiental; (ii) estudios de
inventario hidroeléctrico y la mejor alternativa para dividir caídas;
(iii) análisis de la complejidad de las unidades de producción de
petróleo y gas y estimación del tiempo de licencia. Para la preparación
de las próximas PDE, es probable que también utilice datos de las
Evaluaciones Ambientales de Áreas Sedimentarias que “se están iniciando
con el objetivo de conciliar futuras actividades de petróleo y gas
natural con aspectos socioambientales regionales” (EPE, 2017b).
La Tabla 3 muestra los indicadores de sostenibilidad definidos por
fuente de energía basados en la Nota técnica que hace referencia al
análisis socioambiental de las fuentes de energía PDE 2026 (EPE,
2017a). Los indicadores presentes en la tabla son los enumerados en el
documento como los principales que se deben considerar para cada
fuente, y estos se cuantifican numéricamente en función de los trabajos
previstos en el plan. Sin embargo, el texto de la nota técnica discute
otras condiciones ambientales, pero sin cuantificar los impactos, por
ejemplo, cuando establece que el consumo de agua en las UTE puede ser
significativo, especialmente cuando se trata de plantas en el sureste
donde ya existe una gran presión en recursos hídricos, pero no se
espera que esto restrinja la expansión.
Tabla 3. Principales indicadores de sostenibilidad considerados por fuente en PDE 2026
Fuente: Elaboración propia
EPE (2017a) indica que las tres
premisas principales para evaluar las fuentes son: (i) emisiones de GEI
compatibles con el escenario brasileño propuesto que se refiere al
Acuerdo de París, (ii) opción para proyectos que evitan áreas sensibles
desde el punto de vista visión socioambiental y (iii) preferencia por
proyectos que tengan menos impacto y mayores beneficios sociales,
ambientales y económicos.
Matriz eléctrica brasileña y la inserción del Acuerdo de París
La participación de las plantas termoeléctricas en la generación de
electricidad en 2015 en Brasil fue del 34.4% (EPE, 2017b). De esta
cantidad, el 24.5% fue generado por biomasa, el 39.7% por gas natural,
el 7.4% por nuclear y el 28.4% por productos de petróleo y carbón. En
otras palabras, la generación por combustibles fósiles, excepto el gas
natural, representó el 9.77% de la energía generada. La generación
eólica superó la generación nuclear (EPE, 2017b). Para producir 1 MWh,
el sector eléctrico brasileño emite 2.3 veces menos que el europeo, 2.9
veces menos que el sector eléctrico estadounidense y 4.8 veces menos
que el chino (EPE, 2017a, 2018l). Aunque la matriz brasileña es mucho
más limpia en comparación con otras matrices de energía, expande el
aumento absoluto y relativo de las emisiones del sector eléctrico.
Brasil se comprometió en el Acuerdo de París (2015) a reducir las
emisiones de GEI en un 37% por debajo de los niveles de 2005, en 2025,
con una contribución indicativa posterior para reducir estas emisiones
en un 43% por debajo de los niveles de 2005, en 2030 (Reis and Santos,
2015). Una vez que se establece el objetivo nacional, no hay
distribución, y el compromiso formal de los objetivos entre los
diferentes sectores del país. Sin embargo, en la Contribución
Determinada a Nivel Nacional (NDC - Nationally Determined
Contributions) establecido por el país en virtud del acuerdo, Brasil ha
establecido objetivos para lograr un 10% de aumento de eficiencia en el
sector eléctrico para 2030 y aumentar la participación de las energías
renovables, además de la hidroeléctrica, a al menos el 23% en el
suministro de la demanda nacional de electricidad.
Aunque la proporción de fósiles se reduce en la matriz eléctrica,
Brasil todavía está en desarrollo y tiene que resolver los desafíos de
las demandas reprimidas. En este sentido, considerando el aumento de
las fuentes intermitentes y la diversidad geográfica de los puntos de
generación, la reducción de la capacidad de almacenamiento de los
embalses (EPE, 2018k), y tal restricción de emisiones, ¿qué fuente de
energía garantizará la estabilidad de las operaciones del SIN? ¿Es
suficiente el recurso de biomasa para suplir esta deficiencia en
fuentes despachables en el sector? ¿Cuál es la escala de los impactos
del uso de la tierra y la presión sobre la agricultura que causaría un
aumento exacerbado en el uso de la biomasa? ¿Serían suficientes medidas
GLD más efectivas, descentralizar la generación y mejorar la robustez
del sistema de transmisión para garantizar la seguridad del sistema
eléctrico? ¿Cuáles son las limitaciones técnico-económicas, políticas,
institucionales y macroeconómicas de estas soluciones? ¿Qué tan rápido
se pueden implementar? ¿Deberíamos volver a considerar los depósitos de
regularización en el medio de la Amazonía? ¿A qué costo económico y
ambiental están justificados en términos de mitigar las emisiones de
GEI? O deberíamos, de hecho, y eso es lo que señala la planificación,
resolver los problemas de logística de gas natural y aumentar de manera
efectiva y eficiente nuestro parque termoeléctrico, utilizando gas
natural como combustible de transición. ¿Mientras qué tecnologías como
el almacenamiento de energía eléctrica en escala o el uso de hidrógeno
o captura y secuestro de carbono aún no son técnica y económicamente
viables?
Las posibilidades son muchas, y pueden ser sinérgicas o no. Además de
este desafío, otro aspecto a discutir en términos del sector eléctrico
es su alta dependencia de fuentes intermitentes y la relación de este
perfil con el cambio climático. Varios estudios, mencionados
anteriormente, han señalado los impactos del cambio climático en la
previsibilidad de las fuentes intermitentes, en el cambio del
comportamiento de la demanda y en el rendimiento de las UTE. En otras
palabras, si, por un lado, la defensa de la seguridad energética con el
uso de combustibles fósiles crea riesgos para la seguridad climática,
el cambio climático genera riesgos para la confiabilidad del sistema,
especialmente aquellos con una alta proporción de fuentes renovables.
PERCEPCIÓN DE LOS DESAFÍOS E INCERTIDUMBRES DE LA PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NACIONAL
La percepción de la seguridad energética difiere según varios
elementos, entre los cuales podemos destacar: la cartera de recursos
disponibles, el índice de desarrollo, la porción de la demanda de
energía acumulada, las condiciones económicas momentáneas y la
situación geopolítica. Por lo tanto, el peso de los impactos del cambio
climático que se incorporarán a la planificación energética dependerá
directamente de los factores de seguridad energética más sensibles.
La toma de decisiones para resolver los problemas de presión en el
medio ambiente causados por el desarrollo humano está vinculada a la
necesidad de apoyo mediante herramientas que convergen en el enorme
volumen de información y ayudan en este proceso de toma de decisiones.
Se trata de responder a estos escenarios de gestión de recursos
naturales y energéticos cada vez más complejos, que son difíciles de
entender debido a la dinámica y la sinergia de estas transformaciones
socioambientales.
Las metodologías de los complejos indicadores de seguridad energética
presentados (Sovacool, 2011; Vivoda, 2010) básicamente configuran un
análisis de la sostenibilidad del sector energético que considera
aspectos técnicos, políticos, económicos, sociales y ambientales. Por
lo tanto, parece que, aunque existe una discusión sobre la oposición de
los procesos de seguridad climática y ambiental, a medida que avanzan
las discusiones y debates científicos, los dos temas tienden a ganar
nuevos puntos de intersección.
Por lo tanto, basado en las observaciones de Khatib (2007), la
integración energética es un elemento central de la seguridad
energética. El intercambio de recursos, la diversificación de las
fuentes, el desarrollo de tecnologías destinadas a las energías
renovables y la atención adecuada al cambio climático, además de ser
parte del marco de medidas importantes para la seguridad energética,
también son elementos centrales del desarrollo sostenible. A través de
este análisis, los elementos de integración energética que apuntan a la
seguridad recaen en la dinámica geopolítica y comercial de la logística
energética. Por lo tanto, está claro que el tema de la seguridad
energética abarca varias áreas de conocimiento y que los elementos de
incertidumbre con respecto a la planificación energética que apunta al
desarrollo limpio y sostenible pueden clasificarse en cinco aspectos:
(i) incertidumbres científicas; (ii) incertidumbres económicas; (iii)
incertidumbres geopolíticas; (iv) incertidumbres tecnológicas; y (v)
incertidumbres políticas e institucionales.
i) Las incertidumbres científicas
son las relacionadas principalmente con la ciencia climática, es decir,
la precisión de las respuestas a las siguientes preguntas: (i) ¿Cuál es
el aumento máximo de temperatura que no constituye una interferencia
antrópica peligrosa? ¿Este aumento configura la concentración de GEI en
la atmósfera? ¿Cuál es la cantidad de emisiones que realmente necesita
reducirse para que ocurra esta estabilización? ¿Cómo se traducirá el
aumento de la temperatura media global en impactos climáticos? ¿Todavía
hay tiempo para reducir las emisiones para evitar una catástrofe
climática sin dañar el desarrollo de los países pobres y
subdesarrollados?
ii) Las incertidumbres económicas son aquellas relacionadas con
los riesgos de crisis económica en los países desarrollados, después de
todo, se establece que dada una crisis económica, se evita el aumento
de energía, así como la inversión en nuevas tecnologías para
generación, mitigación, eficiencia energética, investigación y
desarrollo y puede generar fugas de carbono. Y los riesgos del
crecimiento no económico en países de bajos ingresos y
subdesarrollados, ya que se recomienda energía y suministros baratos
debido al cambio climático.
iii) Las incertidumbres geopolíticas están directamente
relacionadas con el concepto de tragedia de los bienes comunes. Con qué
eficacia se distribuirá y asumirá la responsabilidad de reducción de
GEI. La eficiencia del uso de los recursos energéticos está
directamente relacionada con los procesos de integración energética,
¿cómo se diseñará este proceso en las próximas décadas a medida que
cada país parte de diferentes premisas y necesidades energéticas?
iv) Las incertidumbres tecnológicas están relacionadas con el
pronóstico del desarrollo tecnológico en los próximos años,
principalmente con respecto a hidrógeno, el sistema de almacenamiento
de energía eléctrica, CSC y gestión de residuos nucleares.
v) Las incertidumbres políticas e institucionales residen en la
capacidad de los Estados para generar objetivos viables de reducción de
GEI, lidiar con los grupos de presión de los diferentes sectores del
sector y establecer regulaciones eficientes que aceleren el
establecimiento de políticas de eficiencia energética, generación
distribuida y redes inteligentes.
En cuanto a la planificación energética brasileña, se identificaron dos
elementos centrales. El primero se refiere a la eficiencia de la
planificación que se ha desarrollado. Se advierte el desajuste entre
los planes indicativos elaborados por EPE y el realmente ejecutado.
Institucionalmente, aún existe poca consideración de este planeamiento
para garantizar la seguridad energética, esto se puede ejemplificar al
observar la defensa del ONS mejorando las subastas en cuanto a (i) la
compatibilidad de los plazos para las obras de generación y
transmisión; y (ii) la valoración de atributos de cada tipo de
generación, tales como seguridad de suministro, impacto ambiental,
emisiones, entre otros. La evaluación de estos indicadores y la
compatibilidad de los plazos son elementos inherentes al proceso de
planificación. Por tanto, esto indica la tendencia a establecer las
subastas como la propia herramienta de planificación y no como los
estudios indicativos de la EPE.
En teoría, los estudios indicativos de la EPE consideran aspectos
socioambientales y emisiones de GEI para definir la combinación ideal
de recursos en la planificación. En este caso, desconocer esta
planificación, puede enmarcarse como un aspecto de incertidumbre
política e institucional. Otros aspectos de la incertidumbre política e
institucional identificados en la planificación nacional son: (i) la
falta de una definición clara de qué aspectos de la seguridad
energética se priorizan en el país, (ii) la falta de claridad en la
metodología de medición de los aspectos socioambientales para la
definición la expansión del suministro de energía eléctrica y (iii) la
indefinición de las metas del sector eléctrico para el cumplimiento de
los compromisos asumidos en el acuerdo de París. La combinación de
estos factores genera un descrédito a la planificación que se ha
realizado, poniendo en riesgo la búsqueda del desarrollo sostenible y
la reducción de emisiones de GEI.
El segundo elemento central identificado en la planificación brasileña
está relacionado con las tecnologías de generación de energía. El PNE
2030, publicado en 2008, ni siquiera menciona las redes inteligentes;
no considera la energía fotovoltaica como una fuente relevante en 2030
y estima un potencial eólico para el mismo año considerablemente menor
que el actualmente instalado. En este sentido, hay un mayor cuidado con
este tema en los estudios iniciales del PNE 2050, que clasifican como
incertidumbres críticas: cambios climáticos y tecnologías asociadas; e
inserción de tecnologías bajas en carbono. Por tanto, este contexto se
puede enmarcar como un aspecto de la incertidumbre tecnológica en la
planificación energética brasileña.
Estas incertidumbres se traducen en desafíos para todos los sistemas de
energía eléctrica. Especialmente en el sector eléctrico brasileño, los
principales desafíos que se pueden enumerar en esta categorización de
incertidumbres son el establecimiento de herramientas para sistematizar
la información ambiental e identificar la posición de los tomadores de
decisiones para la consolidación de la información necesaria para el
establecimiento de una planificación energética consistente y adaptable
dirigida al desarrollo sostenible.
CONCLUSIÓN
Este trabajo buscó sistematizar los desafíos e incertidumbres de la PE
con un enfoque en el desarrollo limpio y sostenible. Muchas de las
soluciones relevantes para el desarrollo limpio y sostenible están en
el campo del desarrollo de nuevas tecnologías. Sin embargo, se deben
explicar varios desafíos políticos e institucionales, de modo que se
establezca un proceso de transición energética que no dependa solo de
la existencia o no del avance tecnológico.
Parece que, aunque existe una compensación entre la energía y la
seguridad ambiental, los conceptos de seguridad energética se han
acercado cada vez más a los conceptos que involucran la sostenibilidad.
Por lo tanto, se concluye que el aspecto sostenible de la seguridad
energética se puede definir como: garantizar la disponibilidad continua
de energía, en diversas formas, en las cantidades necesarias y con los
costos globales más bajos posibles. En este sentido, el concepto de
planificación integrada de recursos aparece como una posible solución
siempre que se incorpore dinámicamente.
La propia PE está dotada de incertidumbres y riesgos, por lo que es
esencial establecer procesos de planificación que resalten las
incertidumbres, incorporen la mayor cantidad de información posible, de
manera clara y sistémica y que, principalmente, puedan revisarse y
actualizarse constantemente para reducir las incertidumbres. Se pueden
tomar ejemplos de los diferentes planes llevados a cabo dentro del
alcance del sector eléctrico brasileño, en los cuales se proponen
planes a mediano y largo plazo, con revisiones anuales.
REFERENCIAS
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