La
transición energética es un concepto que se ha extendido y que consiste
en la adopción de un modelo de desarrollo sostenible, de bajo contenido
de carbono, a partir de una mayor eficiencia energética y la
utilización de fuentes renovables de energía.
En
virtud del discurso políticamente correcto, es un modelo sin grietas
conceptuales; sin embargo, debemos analizar objetivamente la capacidad
que tiene nuestra región de lograr esta visión general que se deriva
detrás de la transición energética.
Nos
encontramos en una región que en promedio posee la mayor participación
de energías renovables en su matriz energética respecto al resto del
mundo. Esto se debe a dos factores principales, en primer lugar, la muy
elevada participación de la biomasa en la matriz energética que aún
representa en el entorno del 16% de la matriz de energía primaria
(OLADE, 2017)1 y en segundo lugar un alto aprovechamiento
del recurso hidroeléctrico que representa el 8% de la energía primaria,
muy por encima de la media global. Así en promedio LAC posee un índice
de renovabilidad respecto a la energía primaria del 27% (OLADE, 2017)2,
aunque debemos destacar que, si consideramos subregiones, estos
promedios difieren considerablemente. Para ejemplificar la asimetría
regional, mientras tenemos países que han logrado superar el 95% de
participación de fuentes renovables en su matriz de generación de
electricidad, Costa Rica (98,2%), Paraguay (99,9%) y Uruguay (96,7%),
hay otros países con indicadores muy inferiores (OLADE, 2017)3.
Si
centramos el análisis en la incorporación de algunas de las energías
renovables no convencionales (eólica, solar y geotermia), el desarrollo
de estas fuentes se ha producido a diferentes ritmos y de forma
asimétrica a lo largo de los países de nuestra región. Esta penetración
ha estado fuertemente condicionada por la dotación de recursos de los
países, la estructura interna de costos del sistema energético y el
marco de políticas e institucionalidad que permite o promueve el
desarrollo de proyectos de infraestructura energética.
Se
observa que la penetración de energías renovables no convencionales en
los países que han logrado mejores resultados, se ha dado bajo
mecanismos de mercado, que integran la generación renovable de manera
costo eficiente, sin la necesidad de subsidios para la incorporación de
nuevas tecnologías. La energía eólica o la solar ha logrado competir de
forma directa en precio con la generación fósil de menor costo, esto se
constituye en una fortaleza para el subsector de energías renovables de
LAC.
Pero
en un mundo que se caracteriza por una creciente tendencia a la
polarización, la caída del discurso de corrección política ante
corrientes que se sustentan en un nacionalismo pragmático y
antisistema; los extremos se separan y la discusión se fanatiza,
observándose la carencia de espacios de diálogo para lograr soluciones
de acuerdo. Nuestro propósito es presentar un análisis que permita
acercar estas posibles visiones polarizadas del sector energía para
nuestra región.
Existen
muchas economías que dependen esencialmente del petróleo y demás
combustibles fósiles como su principal fuente de ingresos. No es
ilógico que se identifique en las energías renovables a un potencial
competidor que pone en riesgo el futuro del sector y por ende ponga en
riesgo sus economías.
Por
otro lado, también existen economías importadoras de petróleo, gas o
carbón mineral, que presentan una carga muy elevada asociada a la
salida de divisas que demanda una economía concentrada en fuentes
fósiles, por lo cual tampoco resulta ilógico que estas economías
busquen como modelo de desarrollo reducir la dependencia interna al
petróleo y desarrollar sistemas energéticos autárquicos.
Pero
no todo es blanco o negro, el aprovechamiento de fuentes fósiles y un
modelo basado en el desarrollo de la dotación de recursos propios no
necesariamente es excluyente a la incorporación de fuentes renovables y
la eficiencia energética; y en sí alinearse con un concepto más amplio
de transición energética. Las fuentes renovables y la eficiencia
energética pueden representar una mayor eficiencia del sistema
energético, que permite extender el horizonte temporal de
aprovechamiento del recurso fósil y lograr mejores condiciones de
monetización respecto a su utilización en un mercado interno de precios
deprimidos o subsidiados. Asimismo, la transición a un modelo que migra
de empresas petroleras a empresas energéticas que integran una cartera
de negocios más amplia y diversificada es una estrategia factible y
recomendable. No es casual que grandes conglomerados de gas y petróleo
están transitando esta migración, buscando responder a las expectativas
de consumidores que presentan una mayor conciencia medioambiental.
Tampoco
puede pensarse en el corto y mediano plazo en un modelo que excluya a
los hidrocarburos sin que esto represente un sobrecosto para la
sociedad en su conjunto. Por un lado, los combustibles fósiles aportan
el respaldo que las fuentes intermitentes de energía requieren, aun
cuando se hayan producido notorios avances en soluciones tecnológicas
que permiten disponer de un respaldo firme no fósil, la necesidad de
respaldo a partir de hidrocarburos en la generación eléctrica se
mantendrá por un tiempo prolongado. También debemos tener conciencia de
la poca elasticidad del consumo energético del sector transporte (en
muchos casos el principal sector de consumo que representa un 38% del
consumo final de energía en LAC) respecto a los hidrocarburos. Aunque
se celebran los grandes avances en materia de movilidad eléctrica
individual, los segmentos de mayor incidencia en el consumo de
combustibles fósiles en transporte no han logrado la dinámica necesaria
para la sustitución de fuente.
En
todo lo anterior debemos ser claros, los sobrecostos asociados a la
incorporación temprana de nueva tecnología, ya sea a nivel de fuentes o
usos, por parte de las economías emergentes pueden ser elevados. Estos
sobrecostos pueden ser absorbidos por mecanismos de incentivo y
subsidios de las economías que anidan a los desarrolladores de
tecnología, pero para quienes son estrictamente demandantes de
tecnología, la adopción temprana bajo esquemas que no resulten
costo-eficiente representa cubrir los costos de la curva de aprendizaje
del desarrollador. Un ejemplo de lo anterior es que si en LAC entre
2003 y 2008, se hubiera incorporado generación fotovoltaica con
esquemas subsidiados, al costo nivelado de la tecnología en ese
período, el sobreprecio pagado por el sistema respecto a los valores de
la actualidad sería del orden de tres veces.
De
lo anterior surgen aspectos que son la base del tomador de decisiones
en materia de política energética. Para nosotros resulta claro, la
decisión para LAC no se encuentra en los extremos. Nos encontramos en
una región que aún no ha logrado satisfacer sus necesidades básicas,
habitamos una de las regiones del mundo más desiguales y asimétricas,
con aproximadamente 20 millones de personas que no tienen acceso a la
energía. Una economía libre de carbono es claramente un ideal, un
modelo de planeta futuro que queremos dejar a nuestra descendencia. Sin
embargo, nuestra región también padece las externalidades negativas de
una historia de desarrollo industrial que no nos incluyó, y que hoy
estamos socializando su costo con sus responsables.
Buscar
desplazar o aplazar la explotación de una dotación de recursos que son
la base de la economía de muchos países de la región, puede representar
suspender el derecho genuino de cubrir las necesidades básicas de
muchos de nuestros habitantes, así como de nuestras generaciones
futuras. Una adopción tecnológica temprana también puede representar
sobrecostos que desplazarían otros objetivos primarios como la
universalidad de acceso y un acceso asequible a la energía por parte de
nuestra población.
Por
ello entendemos que el camino de muchos de los países de LAC que se han
comprometido profundamente a una descarbonización de su economía,
adoptando el concepto de transiciones energéticas como base de su
política de largo plazo, pero bajo un cuidadoso criterio de costo
eficiencia, que incorpora además las implicancias sociales, resulta el
camino recomendado para nuestra región. Así también debemos impulsar a
las economías productoras de petróleo a hacer más eficientes sus
sistemas, transitar gradualmente un camino de descarbonización de sus
economías internas y reducir las distorsiones de precio que atentan
contra la eficiencia en la asignación de recursos, permitiendo así una
mejor monetización de sus reservas para un mayor bienestar de toda su
población.
Así
que la respuesta es complementariedad, planificación y un modelo de
desarrollo sostenible propio, con visión de largo plazo, bajo una
estricta soberanía, pero aprovechando las oportunidades que nos brinda
la integración regional, y siempre respondiendo al beneficio de nuestra
población y su desarrollo. En línea con todo lo expuesto, sobre un
concepto más amplio y profundo de la transición energética, en junio de
2018, en la Cumbre del G20 desarrollada en la República Argentina, los
Ministros de Energía del grupo discutieron sobre el abordaje propuesto
por la presidencia pro tempore de Argentina para las “transiciones
energéticas”. En el enfoque propuesto se admite que existen diferentes
caminos nacionales posibles para lograr sistemas de energía más
limpios, mientras se promueve la sostenibilidad, la resiliencia y la
seguridad energética. Coincidieron en afirmar el compromiso de los
miembros del grupo en las transiciones energéticas hacia sistemas más
limpios, flexibles y transparentes pero asumiendo que cada país cuenta,
de acuerdo con su etapa de desarrollo, con un sistema de energía único
y diverso como punto de partida, con diferentes recursos energéticos,
dinámicas de demanda, tecnologías, stock de capital, geografías y
culturas.
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Pie de página:
1 Organización Latinoamericana de
Energía, OLADE, (2017). Anuario de estadísticas energéticas 2017.
Quito: OLADE.
2 Ibid.
3 Ibid.
